Unos 87.500 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son investigados por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo por presuntas irregularidades en su otorgamiento y 6.144 ya fueron dados de baja desde esa cartera porque sus beneficiarios no cumplieron con el proceso de validación de datos.

De ese total, 75 corresponden a la capital, 52 a Mercedes, 10 a Esquina, 7 a Santa Lucía y 6 a San Isidro. Pero podrían ser más en el corto plazo. En el resto de las provincias del Nordeste, Chaco tuvo 454 bajas, Misiones 437 y Formosa 69.

Esta información ganó trascendencia durante el fin de semana por Infobae, ese medio dio cuenta que la provincia con mayor cantidad del Potenciar Trabajo dados de baja fue Buenos Aires con 1.179 le sigue Santa Fe con 684, Jujuy con 570 y Tucumán con 525.

Los beneficiarios expulsados se encontraban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y movimientos sociales.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aportó a la Justicia el listado de personas "fantasma" que cobraban el Potenciar Trabajo pero que no validaron su identidad. El programa está a cargo de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita.

El recorte de esos planes representa un monto total de $259.620.864 mensuales. En mayo, un beneficiario de ese programa percibe $42.256, en junio ascenderá a $43.993,50.

Tolosa Paz señaló que el objetivo no es que Argentina mantenga a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, sino que "la apuesta es que salgan del plan" luego de recibir formación laboral para alcanzar un empleo en blanco.

¿Qué es?

Según Desarrollo Social de la Nación, el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva "Potenciar Trabajo", unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa.

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

Los titulares del programa pueden optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa. Deben justificar 20 horas semanales.

Fuente: Diario época