El juez en lo penal económico Javier López Biscayart levantó la feria judicial y ordenó las primeras medidas de prueba para investigar la denuncia del Gobierno contra el expresidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por el supuesto envío de municiones a Bolivia en noviembre del 2019.

Las medidas de prueba que dispuso López Biscayart incluyen pedidos de informes a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Aduanas, la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Por el momento, el juez no hizo requerimientos a Bolivia.

A la Cancillería el juez le pidió, entre otros requerimientos, que aporte “de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia” en la que la Fuerza Aérea Boliviana le agradece la colaboración al gobierno argentino y detalla el material “bélico” recibido. También, que informe si quedó asentado el ingreso de esa carta a la embajada, quiénes estaban destinados allí en aquel momento y “los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la embajada”. En cuanto al Ministerio de Seguridad, López Biscayart le pidió que le remitiera “de inmediato” el sumario administrativo realizado en relación con este caso.

El pedido para “habilitar” la feria judicial lo presentó el fiscal Claudio Navas Rial el viernes pasado, el mismo día que impulsó la investigación de este caso e imputó a Macri, dos de sus ministros (Patricia Bullrich y Oscar Aguad), el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y tres miembros de Gendarmería de alto rango.

En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado. Junto con su requerimiento, el fiscal le pidió a López Biscayart que abordara esta cuestión y hoy el juez ordenó una “amplia certificación” sobre la otra causa (con su fecha de inicio, objeto procesal, personas imputadas y estado actual) para ver cuál absorberá a la otra.

En la misma resolución, el juez rechazó un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo y había solicitado una copia del expediente para evaluar si se presentaba como querellante. López Biscayart afirmó que ninguno de los hechos que se investigan es atinente “a la competencia de ese organismo”, que es una unidad antilavado.

La denuncia

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre del 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta de agradecimiento que hizo pública la cancillería boliviana, que ahora López Biscayart le pidió a la Cancillería, que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.

Fuente: Diario El Litoral