En su alegato de clausura que duró mas de tres horas, el fiscal doctor Adrián Casarrubia ratificó la autoría y calificación legal de los nueve imputados por los asesinatos de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre, Julio “Minto” Canteros, de 64, ocurridos el 6 de agosto del año pasado durante una disputa por puestos de venta en el santuario del Gaucho Gil de la ciudad de Mercedes. En el caso del menor de edad al momento de los hechos, quitó la minoridad como agravante.

Para la Fiscalía estaba probada la participación de cada uno de los imputados, y el tiempo, lugar y modo de los episodios iniciados el 4 de agosto del 2021, que culminaron con los dos fallecidos el día 6 en el predio conocido como Cruz Gil, en el acceso a la ciudad de Mercedes.

Primero se refirió al delito de amenazas, las cuales fueron “serias, injustas y graves” y tenían el fin de amedrentar a los Canteros, y luego abordó la instigación. Sostuvo que hubo un plan premeditado y “criminal”, que los imputados —según los testimonios— “celebraron” y estaban “eufóricos” con la muerte de Sergio. También indicó que estaba probado el ensañamiento, entre otras pruebas, por las 27 puñaladas que recibió, lo que provocó un gran sufrimiento físico y psicológico antes de fallecer. En el lugar se encontraron restos de sangre en charco. Al padre, Julio César, le asestaron tres puñaladas profundas —una de ellas en la espalda— que lesionaron órganos internos. Murió en el hospital.

El doctor Casarrubia enumeró algunas de las pruebas colectadas, como una vaina, una gorra y un cuchillo, y las fue relacionando con los presentes, tanto en su calidad de coautores como de partícipes secundarios. Como apoyo a sus declaraciones exhibió en una pantalla gigante imágenes que ubicaban en el lugar a los diferentes imputados.

También explicó las conexiones entre diferentes teléfonos celulares antes de que fueran desechados por sus dueñas. Aseguró además que a lo largo del proceso los indicios iniciales se convirtieron en pruebas.“Poseían una clara comprensión de sus actos”, enfatizó, luego de citar los informes psiquiátricos que los daban por imputables. El fiscal señaló la presencia de sustancias toxicológicas en sangre y que no existían rastros de alcohol que impidieran el discernimiento.

Para finalizar, sostuvo que se respetaron los principios constitucionales y solicitó que fueran considerados autores penalmente responsables de los delitos de supuesto homicidio agravado por ensañamiento y en concurso real, y homicidio en grado de tentativa, una vez reiterado, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, además de pedir una sentencia condenatoria.

Por su parte, la querella al alegar resaltó que se trató de una emboscada con alevosía. “Esto fue la crónica de una muerte anunciada, todo el pueblo sabía qué era lo que iba a sucederles”, expresó el doctor Marcos Harispe, querellante de Jésica Vanesa Rodríguez (viuda de Sergio Canteros) y Nidia Mabel Caballero (viuda de “Minto” Canteros).

El abogado expresó su convicción de que en la etapa de debate se acreditaron todos los hechos con informes periciales, testimonios, material fílmico, fotografías y documentación. Destacó que estaba probado el nexo ideológico entre las amenazas iniciales y las posteriores muertes. Como el fiscal, indicó que Luis Walter Astarloa, Carlos David Molina, Jonathan Natanael Astarloa y Maximiliano Contreras presentaban heridas superficiales, coincidentes con el hecho de que “procuraban su propia seguridad”.

Enumeró 9 testigos que manifestaron que padre e hijo no tuvieron posibilidad de defensa: fue una “emboscada”, una “traición” y por ello añadió a la calificación legal requerida por el doctor Casarrubia, la alevosía para todos los imputados.

Citó a 13 testigos que pusieron en escena esa noche a quienes prestaron auxilio a los imputados y los ayudaron a cometer los delitos. Y a 8 testigos que dieron cuenta de la amenaza de Walter Astarloa. Ratificó la existencia del deseo y la voluntad de lesionar a los Canteros, y una ejecución común de la agresión. En el final, pidió la responsabilidad penal de los acusados.

Fuente. Diario El Litoral