Luego de las huelgas y marchas del 9 y 10 de marzo sin que el Gobierno Provincial reabra las negociaciones salariales y sin que se concrete la Conciliación Obligatoria, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) definió nuevas medidas de fuerza: será un paro provincial docente escalonado de 72 horas que se concretará en las próximas semanas.

La primera jornada de huelga será el viernes 31 de marzo, al que se le sumará un paro de 48 horas después de Semana Santa.

La medida de fuerza se cumplirá sin asistencia a los lugares de trabajo y será acompañado por marchas y manifestaciones docentes en calles, plazas, frente a escuelas y espacios públicos de todas las ciudades de la Provincia.

Previo a la inscripción de la medida, que ya se concretó en tiempo y forma ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia y la Delegación local de Trabajo de Nación; el SUTECO realizó una consulta masiva -con casi 17.500 respuestas- en la que el 90% de los y las docentes apoyan el “Paro y Movilización” como medida de acción directa para demandarle al Gobierno de la Provincia de Corrientes:

• Reapertura de las negociaciones por mejoras salariales y laborales

• Aumento salarial retroactivo a enero y por arriba de los índices de inflación

• Rechazo al pago del sueldo en tres cuotas y con montos en negro

• Cláusula de revisión mensual de actualización salarial

• Fondo Compensador Nacional en los dos cargos y en toda la escala en la Modalidad FONID, como se estableció en Paritaria Nacional.

• Pago de salarios atrasados a interinos y suplentes

• 82% móvil hasta en los dos cargos para jubilados

• Beneficio jubilatorio del 4×1 para directivos y preceptores

• Inversión en infraestructura escolar para poner en óptimas condiciones edilicias, sanitarias y ambientales de las escuelas

• Incorporación de porteros, gabinete psicopedagógico, auxiliares docentes a las escuelas

• Prestaciones médicas del IOSCOR en todas las localidades de la Provincia

• Descentralización de Contralor Médico a través de los hospitales públicos