En sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de nuevos cargos de fiscales, defensorías y asesorías para responder al gran crecimiento demográfico de la provincia, pero la oposición se quejó por la falta de debate de la iniciativa del Poder Ejecutivo y hasta habló de oportunismo electoral ante la celeridad de su sanción.

La creación de 30 nuevas fiscalías, defensorías y asesorías fue el único punto del temario que los legisladores de la Cámara Baja trataron ayer y que fue aprobado sobre tabla y por unanimidad a pesar de quejas de la oposición.

“Este expediente viene a reforzar el compromiso, no solo del Poder Ejecutivo provincial sino también de esta Legislatura cuando allá en el 2020 en plena pandemia se sancionó el Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes”, explicó durante la sesión la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lucía Centurión (ELI).

“Este proyecto que hoy estamos tratando acá viene a reforzar ese compromiso con una herramienta que otorga al Ministerio Público Fiscal de mayor recursos humanos, la puesta en funcionamiento de los funcionarios judiciales se realizará de manera progresiva y viene a reforzar el mandato constitucional de tutela judicial efectiva y el compromiso de esta Legislatura, de aprobar todas las normas necesarias que garanticen igualdad entre las partes, celeridad e inmediación”, explicó.

Luego, tomó la palabra la diputada y miembro de la Comisión respectiva, Alicia Meixner (PJ), quien coincidió con la diputada Centurión en la importancia de la ley, pero reprochó la falta de debate y dictamen del proyecto. “Hay que respetar el reglamento más allá de la premura”, dijo.

Cuestionó la celeridad de la aprobación de la ley: “Este proyecto se comenzará a ejecutar el año que viene y hay que dotarlo de presupuesto”, fustigó.

Pidió tratar con celeridad otros proyectos en materia judicial, aclaró que su bloque iba a acompañar el proyecto, pero insistió en la necesidad de tratar estos temas “y emitir un dictamen para cumplir con el reglamento”.

Por su parte, el diputado Marcos Otaño (PJ) también coincidió en la importancia de la ley, pero aclaró que “eso no significa que puede haber alguna disidencia en el medio, como por ejemplo el por qué lo tratamos sobre tabla o en un momento algo polémico si se quiere, ya que estamos a 6 dias de una elección”. Pero Otaño caló un poco más que Meixner y pidió que se analizaran los antecedentes en materia judicial haciendo referencia a las leyes sancionadas y que no se cumplen.

Mencionó la Ley 5691 (2006), que establece la creación de las fiscalías rurales y ambientales; la Ley 5920 (2009), que creó la Fiscalía de Investigación Administrativa y la que creó la Defensoría del Pueblo.

“El oficialismo tiene que ponerse de acuerdo para nombrar un defensor, que desde el 2020 no hay”, se quejó.

“Estamos aprobando un proyecto que nos da una sensación de que vamos hacia una mejora institucional, pero solo una sensación porque si miramos los antecedentes no solo la voluntad política basta con la legislativa, hay que hacerla realidad”, sostuvo.

“Pareciera ser que el oportunismo político se pone de moda en ese calendario, ya que este proyecto tiene solo 17 días en Diputados y pareciera ser solamente un gesto o una promesa a cumplir ante una elección, en una sesión especial”, fustigó.

El legislador Horacio Pozo (ELI) recogió el guante y aclaró “no existe el oportunismo, lo que existe es el cumplimiento de una responsabilidad. Están a la vista la urgencia, la necesidad, la utilidad de poner en marcha un proceso que es largo”.

“Hoy no estamos ante algún episodio de trasnochado oportunismo. Al contrario, creo que tenemos que celebrar que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y dando un paso importante para que el Código Procesal Penal pueda ser implementado reforzando las capacidades del Ministerio Público Fiscal”, cerró.

Fuente: Diario El Litoral