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Internacionales

Paro nacional y marcha masiva hacia Lima

El país andino atraviesa uno de los peores momentos de violencia política del siglo, tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso y el nombramiento de la vice Dina Boluarte como primera magistrada.

Los países de la región siguen con atención lo que está pasando en Perú, donde la destitución del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso y el posterior nombramiento de su vice Dina Boluarte generaron protestas con más de cincuenta muertos en buena parte del interior del país, que amenazan con llegar a Lima.

Entre los principales reclamos está el adelantamiento de elecciones y la renuncia de Boluarte, quien se manifestó respecto a las manifestaciones en la capital, como recogió la Agencia Télam: “Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en Casa de Gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, dijo la mandataria que asumió tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Dicho mandatario, el primero de Perú en ser docente y provenir de un área rural del país, había alcanzado la primera magistratura en julio de 2021, tras derrotar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de unos comicios presidenciales cuyos resultados fueron objetados por la hija del exdictador, lo que en su momento demoró el nombramiento oficial de Castillo como presidente electo.

Desde el comienzo de su mandato hasta su destitución por parte del Congreso peruano el pasado 7 de diciembre, Castillo enfrentó una situación de debilidad política tanto fuera como dentro de su coalición, como recuerda la agencia BBC, lo que lo llevó a reformar su gabinete cinco veces con unos 80 ministros. El órgano sede del Poder Legislativo también trató tres mociones de vacancia contra el expresidente; la última se hizo bajo la acusación de “incapacidad moral” y acabó marcando su destitución. Poco antes, Castillo había manifestado su decisión de disolver el Congreso y gobernar a través de decretos en un estado de excepción, lo que fue considerado un “golpe de estado” por los parlamentarios del país que votaron, luego, su alejamiento del palacio de la Casa de Pizarro, sede del poder ejecutivo peruano, y la llegada de Dina Boluarte, su vicepresidente, como autoridad máxima del Poder Ejecutivo.

Dicho movimiento político encendió las protestas que ayer se desarrollaron en la capital y causaron más de cincuenta muertos. Cómo reconstruyó la Defensoría del Pueblo peruano, 41 civiles cayeron en choques con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente por disparos de armas de fuego; un policía falleció calcinado vivo dentro de su patrulla y ocho víctimas de los bloqueos. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo peruano declaró el estado de emergencia en Lima, Callao, Puno y Cusco, desde el domingo 15 de enero, por 30 días calendario.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojó a los manifestantes del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa, que intentaron tomar el principal terminal aéreo de la región del sur peruano.

Fuente: Diario El Litoral

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